Memoria de García-Escámez

Juan Carlos Díaz Lorenzo (Cronista Oficial de Fuencaliente de La Palma)
Fuencaliente


En la historia de los capitanes generales de Canarias hay nombres de hombres realmente excepcionales. Desde el general Gutiérrez, que abanderó la defensa de la ciudad de Santa Cruz de Tenerife frente a la invasión de Nelson en julio de 1797, pasando por el general Weyler hasta la figura, entre otros, del general González del Yerro, pocos, sin embargo, permanecen en la memoria colectiva con tanto afecto, admiración y gratitud como el general Francisco García-Escámez e Iniesta (1893-1951).

La figura de este ilustre militar está íntimamente ligada al Mando Económico de Canarias, que constituye la manifestación más destacada del período que se conoce como autarquía del franquismo, en una época de vacas flacas y penurias de todo tipo, que se agudizó especialmente a partir de 1941, en plena guerra mundial y apenas dos años después del final de la guerra civil española.

"El Gobierno -dice la memoria de creación del citado organismo-, atento a los problemas nacionales y a la vista de las posibles complicaciones que la contienda mundial pudiera originar, tomando en consideración el aislamiento y la lejanía del Archipiélago Canario, consideró necesario reunir de la mano del Capitán General la dirección de su Economía, al igual que el mando de todas las fuerzas de los tres Ejércitos de Tierra, Mar y Aire". De acuerdo con esta decisión, el Mando Económico de Canarias se creó mediante decreto presidencial de 5 de agosto de 1941, que firmó el jefe del Estado el 25 de septiembre siguiente.

"Esta medida de previsión (...) consistente en centralizar en una sola persona todos los resortes de mando, vida y ordenación económica de una región tan aislada del territorio nacional, sólo fue anticipo y organización hecha en la calma de la paz de lo que, de todas formas y por imperio de la necesidad, se hubiera realizado por sí sólo en el caso de que España se hubiese visto obligada a tomar parte en la guerra, ya que, durante ella, la suerte de los países muchas veces se jugaba por agentes externos a sus propios deseos y conveniencias".

Ricardo Serrador Santés, que había sido ascendido a general de división el 23 de febrero de 1939, fue nombrado general-jefe de las Fuerzas de Tierra, Mar y Aire de las Islas Canarias e inspector de las Tropas del África Occidental Española el 9 de julio de 1940, y relevó en el mando de la capitanía al general Vicente Valderrama Arias. Por tanto, le correspondió asumir la etapa inicial del Mando Económico, durante la cual se produjo su ascenso a teniente general, el 8 de enero de 1943, unos días antes de su fallecimiento, ocurrido en la capital tinerfeña el 23 de enero siguiente.

Con carácter interino, hasta el 4 de marzo siguiente, se hizo cargo el general de división Eugenio Sanz de Larín, fecha en la que se produjo el nombramiento, en consejo de ministros, del entonces general de división Francisco García-Escámez e Iniesta, que llegó al puerto de Santa Cruz de Tenerife el 26 de marzo, procedente de Sevilla y Las Palmas, siendo recibido en el muelle Sur por un inmenso gentío y en la tarde de ese mismo día tomó posesión de su nuevo cargo.

Aquellos eran otros tiempos. En su recorrido hasta el palacio de Capitanía, desde las ventanas y balcones de las calles por las que pasaba el cortejo fueron arrojados a su paso millares de octavillas con textos de exaltación patriótica. El protagonista era entonces un héroe popular, un personaje admirado y respetado, un general en posesión de la Cruz Laureada de San Fernando y de la Medalla Militar Individual, además de un hombre que se granjeó muy pronto el afecto de las autoridades y de la ciudadanía -"un sutil y encantador andaluz", en el decir del coronel Juan Arencibia de Torres- y que habría de dejar una profunda huella de su ejercicio y capacidad durante el tiempo en que ejerció su alto cargo.

Para llevar adelante su importante misión, el capitán general nombró delegados del Mando Económico y de Abastecimientos en las dos islas mayores y subdelegados en las islas menores. En todas las decisiones tomadas por el Mando Económico, que fueron muchas en el período de vigencia comprendido entre 1941 y 1946, se consideraron las necesidades más diversas y la política de abastecimiento, facilitando en lo posible el autoabastecimiento de papas, cereales y otros alimentos básicos.

La pérdida temporal del régimen histórico de Puertos Francos se trató de compensar con una política de precios, estimulando la competencia comercial y poniendo topes a los artículos de primera necesidad. Se creó un "consorcio de almacenistas" para la intervención de los artículos básicos, reglamentando su distribución y su circulación, siendo responsable del almacenamiento, mermas y averías. También se lograron cupos especiales para el abastecimiento de tejidos procedentes de la Península.

En el transporte y debido a los problemas de repuestos y combustibles, con un parque móvil anticuado, se organizaron secciones de camiones que abastecían a los pueblos y cargaban los plátanos y los tomates para su descarga en el puerto, permitiendo así su exportación. Asimismo se organizó un taller de reparación y recauchutado de cubiertas, autorizando la importación de las materias primas necesarias.

El Mando Económico protegió la industria tabaquera, prestó especial atención a los agricultores y permitió algunas importaciones para el mantenimiento de la actividad. También impulsó la industria de conservas de pescado y salazones, buscando posibles mercados y proporcionando materia básica para la fabricación de los envases.

En cuanto a política social, y con el objetivo de amortiguar los efectos del paro, que entonces tenía un fuerte impacto en las islas, se acometieron diversas obras de interés general, como algunas carreteras, caminos vecinales, puentes, viviendas, barriadas para obreros, talleres de formación, escuelas y casas para maestros, obras religiosas, obras sanitarias y de beneficencia (sanatorios, hospitales, leproserías, jardines de infancia), muelles, embarcaderos, presas, canales, depósitos, embalses, conducciones, perforación de galerías de agua, suministro eléctrico, cooperativa vinícola, hoteles y un mercado.

En aquellos años, además, la enseñanza estaba en una situación muy deficiente, ya que en la mayoría de los pueblos faltaban escuelas y muchas de las que entonces existían carecían de condiciones higiénicas y pedagógicas. Como, además, las corporaciones insulares y locales carecían de los medios económicos suficientes para afrontar estas necesidades, el Mando Económico contribuyó a la solución del problema planificando la construcción de modernos e higiénicos grupos escolares y adquirió otros edificios para su reforma y transformación en escuelas públicas en aquellos pueblos en los que por su población escolar, no precisaban de la construcción de un grupo nuevo. Asimismo, el Mando Económico adquirió los terrenos para la construcción de la nueva sede de la Universidad de La Laguna y organizó centros culturales en barriadas obreras, dotados de bibliotecas, entre otras muchas actuaciones.

La gestión del fondo social se realizó mediante la aplicación de una serie de impuestos, que se resume en los siguientes aspectos: redondeo centesimal (al alza a 0 ó 5) de todos los artículos del racionamiento, diferencia entre el precio que el Mando Económico compraba el café y el de venta al público (12 pesetas/kilo), impuesto de tres pesetas por kilo de tabaco importado, impuesto de 0,50 pesetas por litro de alcohol importado, impuesto en los combustibles líquidos, que varió entre 0,02 y 0,15 pesetas por litro; impuesto de 1,15 pesetas por litro de gasolina para coches de turismo particulares.

En total se recaudaron más de 80 millones de pesetas, que se invirtieron de la siguiente forma: Barriadas obreras (728 viviendas): 22.820.204,14 pesetas; obras sanitarias y de beneficencia: 6.854.912,16 pesetas; obras de enseñanza: 7.840.975,33 pesetas; obras públicas: 7.160.423,83 pesetas; obras hidráulicas y enarenados: 10.218.775,83 pesetas; mercados: 4.976.010,66 pesetas; suministro de energía eléctrica: 2.857.881,36 pesetas; hoteles: 13.904.166,91 pesetas; obras religiosas y cementerios: 3.379.862,77 pesetas; Monumento a los Caídos: 1.732.280,00 pesetas; cooperativa vinícola de Fuencaliente: 1.675.462,02 pesetas; otras actuaciones: 1.304.405,79 pesetas. En total suma la cantidad 84.725.360,80 pesetas.

En estimación del general Emilio Abad Ripoll, una peseta del período 1941-1945 correspondía a 94,75 pesetas del año 2002, cuando desapareció la histórica moneda española y fue sustituida por el euro. Extrapolando dicho cálculo, el total superó los ocho mil millones de pesetas, de los que casi la mitad se pagaron en jornales.


Fuencaliente

El capitán general era un hombre campechano y extravertido y siempre fue un gran amigo del pueblo de Fuencaliente. Su especial relación con aquel alcalde de entrañable, grata y digna memoria de este pueblo, llamado Emilio Quintana Sánchez, se tradujo, en tiempos del Mando Económico de Canarias, en la construcción de la obra más importante de cuantas se realizaron en dicho periodo en La Palma.

El laureado general García-Escámez visitó el pueblo de Fuencaliente, por primera vez, el 18 de abril de 1944. Recibido por el alcalde y los concejales de la corporación, el ilustre militar fue agasajado e informado de la situación en la que se encontraba el municipio: un pueblo pobre, con grandes carencias y con un potencial agrícola importante, como es el cultivo de la vid, pero sin cohesión y con unos cosecheros que vivían, en su mayoría, en un estado precario y elaboraban sus vinos siguiendo la tradición heredada de padres a hijos.

En aquel primer viaje surgió la idea de construir una bodega cooperativa para que unificara la producción de la comarca y tuviera una adecuada distribución comercial, permitiendo, de ese modo, potenciar y relanzar una actividad económica que era, entonces, el principal capítulo de la escasa economía del pueblo.

En tiempos de grandes estrecheces y dificultades, los cosecheros de Fuencaliente se reunieron el 20 de febrero de 1945 en la capital tinerfeña con el gobernador civil de la provincia, en un primer encuentro en el que estuvieron presentes, asimismo, el jefe nacional de Cooperación y el delegado provincial de Sindicatos, quedando entonces inscrita la primera cooperativa vitivinícola de Canarias en Fuencaliente, en el registro del Ministerio de Trabajo con el número 2.059.

El 15 de octubre del citado año llegó a Fuencaliente una comisión de altos cargos de la Unión Nacional de Cooperativas del Campo, desplazados desde Madrid, con el encargo de prestar el mejor asesoramiento a los técnicos militares del cuerpo de Ingenieros que se ocupaban del proyecto de la cooperativa. Entre los miembros de la citada comisión figuraban Enrique Mira Alberi, jefe técnico del Departamento de Maquinarias de la citada UNC y el abogado José Balaguer.

El proyecto definitivo fue encargado al coronel de Ingenieros Manuel Martín de la Escalera, en colaboración con los técnicos adjuntos de la Comandancia de Ingenieros, oficiales Navarro, Garrido y Viejo y su contratación salió a subasta pública el 1 de marzo de 1946, obteniendo la contrata la empresa Pedro Elejabeitia, iniciándose los trabajos poco después en un terreno amplio en el denominado Llano de San Antonio.

El 5 de noviembre de 1946 fueron aprobados los estatutos de la Bodega Cooperativa de Fuencaliente, adoptados según la Ley de Cooperación de 2 de enero de 1942 y su correspondiente reglamento de 11 de noviembre de 1943.

El 24 de septiembre de 1947, aún sin estar todavía concluida la obra, se elaboró la primera vendimia, de la que se almacenaron 449.000 litros de vino. En 1948 serían 325.000 litros; en 1949 (año del volcán de San Juan), 220.000 litros y en 1950, ¡900.000 litros!

La inauguración oficial de la bodega se produjo el 6 de febrero de 1948, acto solemne al que asistió el propio general Francisco García-Escámez, oportunidad en la que se descubrió un busto a su persona ubicado en una pequeña plazoleta que preside el acceso a la entrada principal del edificio y, asimismo, recibió en loor de multitud el título de Hijo Adoptivo de Fuencaliente. El importe final de la obra fue, exactamente, de 1.675.462,02 pesetas y su capacidad inicial se estableció en 7.560 hectólitros, "susceptible de ampliarse otro tanto, si fuera necesario". El número de cooperativistas era de 200 y aún quedó una lista de aspirantes para cuando se decidiese ampliar su número.

La bodega disponía, por entonces, de una sala con descargaderos de uvas blancas y tintas independientes, estrujadoras-pisadoras para 15.000 kilos/hora, dos grandes prensas verticales de dos husillos cada una, una fulo-bomba para las uvas tintas, que conducía la uva estrujada por tuberías de hierro a la nave de fermentación de 12 depósitos de 20.000 litros de capacidad cada uno, así como otras dos bombas para mostos blancos y trasiegos posteriores.

Otras dos naves albergaban cada una 12 depósitos de 20.000 litros de capacidad, más seis depósitos subterráneos de 50.000 litros cada uno, todo ello accionado por un grupo electrógeno de gasoil de 100 kilovatios, ya que entonces el pueblo no disponía de alumbrado eléctrico. También se montó una báscula-puente de 5.000 kilos y el Cabildo de La Palma obsequió un filtro de mangas hecho en madera.

Una sencilla plazoleta con un busto del general García-Escámez preside el acceso al edificio de la cooperativa vinícola y el colegio público de Las Indias también lleva su nombre. Como muestra del afecto y reconocimiento que se siente por este singular militar, que tanto hizo por el pueblo en tiempos difíciles, la cooperativa Llanovid denominó con la etiqueta "Escámez" -que se ha mantenido desde entonces- a la primera cosecha de vino joven de 1993 con denominación de origen, con la preceptiva autorización de la familia García-Escámez.

El capitán general García-Escámez falleció el 12 de junio de 1951 en Santa Cruz de Tenerife, a la edad de 58 años. Su sepelio constituyó una de las manifestaciones populares de duelo más imponentes que se recuerdan en la capital tinerfeña, lo que ponía de manifiesto el gran aprecio de que gozaba. En 1952, el Jefe del Estado le concedió, a título póstumo, la dignidad de marqués de Somosierra, que ostenta su hijo mayor.